Los presos de las cárceles de Herrera y Alcázar, sin comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia

/El Digital de Ciudad Real/

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias monitoriza diariamente la situación de la incidencia de la Covid-19 en los centros de su competencia. Tras el análisis, caso por caso, de la situación epidemiológica de las zonas en las que se encuentran, se han dispuesto las siguientes medidas:

Suspender los permisos, salidas programadas y las comunicaciones especiales (íntimas, familiares y de convivencia) en los siete centros de la Comunidad de Madrid. En el CP Madrid V (Soto del Real) se han restringido además las comunicaciones por locutorio y la entrada del personal extra penitenciario no imprescindible.

Se encuentran también suspendidos los permisos y las comunicaciones ordinarias -por locutorio- en el Centro Penitenciario de Ourense.

Siguen suspendidas las comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia en:

Los cinco centros de Galicia.

Los ocho centros de Castilla y León.

Los tres centros del País Vasco.

El Centro Penitenciario de Pamplona.

El Centro Penitenciario de El Dueso-Cantabria.

El Centro Penitenciario de Logroño.

En Aragón: los centros de Zuera y Daroca.

Los centros de Valencia-Antoni Asunción, Alicante Cumplimiento y el Hospital Psiquiátrico de Alicante, en la Comunidad Valenciana.

Los dos centros de Murcia.

Los dos centros de Málaga y las prisiones de Almería, Algeciras, Córdoba, Jaén y Granada, en Andalucía.

Los dos centros de Extremadura.

En Castilla-La Mancha: la prisión de Albacete, los dos centros de Ocaña, Herrera de la Mancha y Alcázar de San Juan.

El Centro Penitenciario de Arrecife, en Canarias.

El Centro Penitenciario de Mallorca, en Baleares.

El Centro Penitenciario de Melilla.

El Centro Penitenciario de Ceuta.

La vigencia de estas restricciones se revisa periódicamente.

Se han reforzado las comunicaciones por videoconferencia.

Todas estas medidas se enmarcan en la orden ministerial INT/407/2020 de 12 de mayo, en la que se establecía la posibilidad de revertir la vuelta a la normalidad en el ámbito de Instituciones Penitenciarias “si la situación epidemiológica así lo aconseja”. Y al amparo de lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria sobre restricciones a las comunicaciones.

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