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Sin casa y sin dinero, la pesadilla de varios vecinos de Castilla-La Mancha por confiar en quien no debían

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal especializado en estafas inmobiliarias que se hizo con más de un millón de euros, tras timar a 156 víctimas a las que ofrecían la compra de inmuebles a bajo precio y que operaba en Toledo y Madrid.

Los tres detenidos -el cabecilla de la trama y sus dos lugartenientes- junto con una cuarta persona fingían ser empresarios que disponían de más de 40.000 inmuebles procedentes de entidades bancarias, ha informado la Comisaría provincial de Toledo en un comunicado.

Con esta artimaña, contactaban con inmobiliarias legalmente establecidas a las que aportaban documentación falsa y daban así mayor credibilidad al engaño y, a través de ellas, ofrecían la venta a particulares apropiándose de la señal que entregaban para la compra.

La operación, bautizada como “Fuenteovejuna”, comenzó en marzo de 2019, cuando cuatro víctimas de Toledo pusieron en conocimiento de la Policía Nacional que un conocido les había ofrecido la compra de viviendas por un precio muy ventajoso, con el único requisito de abonar una señal de 1.000 euros.

Estos primeros datos condujeron a los investigadores hasta una asesoría de Toledo, a través de la cual los estafadores estaban comercializando las viviendas, lo que permitió identificar a las primeras 26 víctimas.

Días después, la Policía detectó la existencia de 130 víctimas más, que habían sido captadas por el grupo criminal mediante los servicios de otra agencia inmobiliaria, esta vez ubicada en Fuenlabrada (Madrid).

Con el cabecilla de la trama y los integrantes del grupo plenamente identificados, los agentes lograron detener a sus dos lugartenientes e investigar a un cuarto miembro del grupo.

Sin embargo, el principal responsable se encontraba en paradero desconocido desde finales de 2019, aunque existían sospechas de que podría ocultarse en La Coruña y para su detención, las brigadas provinciales de Toledo y La Coruña establecieron un dispositivo que le siguió la pista durante seis meses hasta lograr arrestarlo el pasado mes de junio.

Además de imputarle los delitos de pertenencia a grupo criminal, delito continuado de estafa y falsificación de documentos mercantiles, le constaban diversas reclamaciones judiciales por su presunta participación en estafas similares, por lo que después de pasar a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de La Coruña, se decretó su ingreso en prisión.

Las indagaciones sobre el entorno del líder del grupo criminal han revelado que su patrimonio había sufrido un incremento inusual que superaba los 10 millones de euros y que había diseñado un entramado de empresas tras el que ocultaba 351 inmuebles valorados en unos 12 millones y 52 vehículos, la mayoría de alta gama.

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