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Castilla-La Mancha aprobará al menos otras seis leyes para seguir avanzando en derechos de la ciudadanía

/Redacción/

El Gobierno de Castilla-La Mancha espera aprobar en las Cortes Regionales al menos otras seis leyes en el segundo período ordinario de sesiones correspondiente a la X Legislatura, haciendo buena la frase de “doce meses, doce leyes”.

Un espacio de tiempo, de enero a julio del presente año, en el que se dará el visto bueno casi con total seguridad a las normativas relativas al Tercer Sector Social; Evaluación Ambiental; Patrimonio; Colegios Profesionales; Bienestar, Protección y Defensa de los Animales; y Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha. Todo ellos después de que la viceconsejera de Relaciones Institucionales, Margarita Sánchez, haya trasladado al Gobierno la propuesta de la sesión conjunta de la Mesa y la Junta de Portavoces de la Cortes.

De ello ha informado puntualmente la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo autonómico, Blanca Fernández, al dar cuenta de los asuntos analizados en el primer Consejo de Gobierno del año 2020 una vez reanudada su actividad tras el período navideño.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 78.1 del Reglamento de la Cámara, Fernández ha destacado que “la previsión legislativa del Gobierno que preside Emiliano García-Page va en paralelo a su afán de avanzar en derechos y en hacer más fácil la vida de la ciudadanía castellano-manchega”.

En este sentido, ha subrayado que, en este segundo período de sesiones, la intención del Gobierno regional es dar luz verde a dos de las legislaciones de carácter autonómico ya registradas, como son la ley del Tercer Sector y la Ley de Evaluación Ambiental, a la que se unirían las otras cuatro normativas regionales anunciadas.

Con ello, ha hecho hincapié Blanca Fernández, se persigue el objetivo de aprobar una ley al mes durante el primer año del segundo mandato de Emiliano García-Page al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha, superando así el “tiempo perdido”, sobre todo, al final de la pasada legislatura y que, impidió que determinadas leyes salieran adelante.

Mejora sustancial del Tercer Sector Social

En un ligero repaso a cada una de estas nuevas normativas, alguna de las cuales verá la luz en cuestión de días o semanas, Fernández ha indicado que el apartado de Bienestar Social destaca la Ley del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha, con la que “mejoraremos de forma sustancial la atención directa a 400.000 personas de nuestra región y daremos mayores garantías a los más de 6.300 profesionales que prestan sus servicios en las entidades sociales”.

La portavoz ha añadido que, tras un completo proceso de participación, la Ley del Tercer Sector Social incluye novedades importantes, como son la creación de un inventario de entidades, el establecimiento de principios rectores y obligaciones, crea una Comisión para el Dialogo Civil y se compromete a elaborar una Estrategia del Tercer Sector, además de contemplar el Concierto Social como fórmula de prestación de servicios públicos.

Conjugar protección y desarrollo con la Ley de Evaluación Ambiental

Por su parte, la Ley de Evaluación Ambiental que está a punto de culminar la Consejería de Desarrollo Sostenible “tiene como claro objetivo establecer la regulación de la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos haciendo compatible la protección del medio ambiente con el desarrollo económico y sostenible de nuestra región, especialmente en el medio rural”.

Incluye también una simplificación de la normativa para los múltiples actores que intervienen en los procedimientos de evaluación ambiental tanto ciudadanos y empresas; funcionarios del órgano ambiental y otras administraciones que tienen que dar la última autorización a los proyectos. “Se trata de facilitar la tarea en especial a los pequeños ayuntamientos o bien los organismos o entidades consultadas. De esta forma, se evitarán inseguridades jurídicas y falta de claridad”, ha explicado Fernández.

Gestión más eficaz del patrimonio

Desde la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas se gestiona, por un lado, la nueva Ley del Patrimonio de Castilla-La Mancha, que, tal y como avanzó en su día el presidente García-Page, “se llevará a cabo para favorecer una gestión más eficaz del patrimonio regional en lo relativo a su protección, defensa, conservación, utilización y administración, en aras a garantizar la seguridad jurídica y la defensa de los derechos e intereses de la Comunidad Autónoma”.

Colegios Profesionales con más transparencia y menos cargas

Y de otro, la modificación de la Ley 10/1999 de 26 de mayo, de Creación de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha tras la introducción de una reforma de aspectos sustanciales en la normativa estatal básica relativa a este campo de los Colegios Oficiales, algo que se hace con el objetivo de reforzar las garantías de consumidores y usuarios, aumentar la transparencia de los colegios profesionales y la supresión de cargas administrativas injustificadas en el ejercicio de las profesiones colegiadas.

Ley pionera en el respeto a los animales

De la Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de Castilla-La Mancha ya informó recientemente el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. A juicio de Blanca Fernández, “se trata de una normativa pionera que se crea para contribuir a evitar situaciones de maltrato a los animales, reforzar el respeto hacia los mismos y a dotar de eficacia jurídica a las obligaciones establecidas en la normativa aplicable”, articulando para ello un conjunto de infracciones y régimen sancionador.

“Estamos hablando de un gran avance social con el que, de nuevo, Castilla-La Mancha se pondrá a la vanguardia del país en esta materia específica”, ha apuntado la portavoz del Ejecutivo regional.

Más fondos para investigación con la nueva ‘Ley de Ciencia’

Por último, la Ley de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha, conocida coloquialmente como Ley de Ciencia, la consejera de Igualdad y portavoz ha señalado que uno de los principales objetivos de la Ley es el compromiso del Gobierno regional de incrementar progresivamente los fondos regionales destinados a la I+D+i, incluyendo lo destinado a las universidades regionales. Todo ello después de que el anteproyecto de esta ley haya recibido en los últimos meses las aportaciones de instituciones y particulares, especialmente del personal investigador. 

Fernández ha concluido recordando y resaltando que, con este mismo fin de “avanzar hacia un modelo de región más moderno, justo, inteligente y sostenible, el Gobierno de Castilla-La Mancha ya llevó a cabo un trabajo y un gran esfuerzo legislativo en los primeros seis meses de gestión con la aprobación de la Ley de Presupuestos, Ley de Medidas Tributarias y Administrativas, el Estatuto de las Mujeres Rurales, Ley de Economía Circular, Ley de Participación, y Ley de Mecenazgo”.

Pactos a nivel regional en materia de financiación autonómica, agua y Política Agraria Común

Por otro lado, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas con representación en las Cortes regionales para que, no sólo presenten mejoras y enmiendas a estas normativas, sino que, al mismo tiempo acompañen al Ejecutivo autonómico en la consecución de “tres grandes pactos” en torno a otros tantos asuntos de especial relevancia para la región; acuerdos con una posición común que, ha adelantado Fernández, se trasladarán como prioridades al nuevo de Gobierno de España.

Tal y como ha detallado la portavoz del Ejecutivo autonómico, se trata de consensuar una postura en torno a la necesidad de contar con una “financiación autonómica justa”, un pacto concreto en torno al agua y uno tercero sobre la defensa de la Política Agraria Comunitaria (PAC), de la que depende en gran medida la economía y muchas familias de Castilla-La Mancha.

Blanca Fernández ha asegurado que el presidente regional, Emiliano García-Page, “tiene claro que hay que pelear por una financiación autonómica justa”, que haga referencia al coste real y efectivo del mantenimiento de los servicios básicos en una región como Castilla-La Mancha que, ha explicado, necesitaría de 1.000 millones de euros más al año “para tener una financiación justa”.

En cuanto al pacto a nivel regional sobre agua, la consejera de Igualdad y portavoz ha asegurado que el trasvase Tajo-Segura no es sino “alargar una agonía”; en concreto, la que padece la cuenca del río Tajo “que no aguanta más después de 40 años”.

Por último y, en torno a la PAC, ha alertado de la postura que están adoptando algunos países en el seno de la Unión Europea que reclaman la rebaja de fondos en materia agraria, algo que, desde la región “consideramos un error”, al mismo tiempo que ha reivindicado un consenso a nivel nacional y “criterios de convergencia” entre las distintas comunidades autónomas, una vez que se conozca el marco general para los próximos años.

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