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Nunca pensó que grabarse un vídeo sexual le amargaría la vida; le ha ocurrido a una chica de Luciana

/Redacción/

La Audiencia provincial de Ciudad Real tiene previsto juzgar los próximos días 5, 6 y 7 de noviembre a V.G.R., acusado de un presunto delito de agresión sexual y otro de amenazas por obligar a una joven que conocía a mantener relaciones sexuales en Porzuna (Ciudad Real) bajo amenazar de difundir en las redes un vídeo de una relación anterior consentida, unos hechos por los que el Ministerio Fiscal pide once años y medio de cárcel.

Los hechos, según el escrito de acusación, se remontan a marzo de 2018 cuando el acusado y la presunta víctima, que se conocían desde los doce años de edad, tuvieron varios encuentros sexuales consentidos.

Ya en abril, el acusado «con ánimo libidinoso» le escribió un mensaje a través de la aplicación Whatsapp para saber donde estaba mientras que la presunta víctima estaba acompañada de otras personas. Al comunicarle la joven que no quería «tener nada más» con él, la amenazó con difundir un video que había grabado en una de las ocasiones en las que mantuvieron sexo consentido. Ante esto, la joven quedó con el acusado en el parque de la localidad para hablar, insistiéndole este en que fuera sola.

El escrito también explica que una vez que se encontraron en el parque, el acusado dijo a la víctima que haría público el vídeo si no mantenía relaciones sexuales con él. Por este motivo, ella le pidió hablar y, cuando pasaban por las inmediaciones de un callejón que da acceso a un descampado, el acusado se dio la vuelta y la empujó hacia el callejón donde, siempre según el escrito de la Fiscalía, la golpeó y agredió sexualmente mientras le profería amenazas.

Cuando ya se marchaban, el acusado manifestó a la joven que no iba a borrar el vídeo y que tendría que mantener relaciones cada vez que él quisiera, para decirle posteriormente que en ese momento tenía apagado el móvil, pero que cuando llegara a casa lo borraría, amenazándola de muerte en caso de que denunciase los hechos.

El escrito del Ministerio Fiscal recoge también que una vez que la víctima fue explorada por el equipo psicosocial, este concluyó que el testimonio aportado por la joven es compatible con una experiencia real vivida. De la exploración realizada se desprende que la misma presenta desajustes psicológicos con síntomas compatibles con un trastorno de estrés agudo. Esta situación traumática ha generado en ella un cuadro psicopatológico que le produce importantes inadaptaciones en los distintos ámbitos de su vida y toda una serie de consecuencias a nivel cognitivo, psicosomático y social.

Desde el mismo mes que ocurrieron los hechos el acusado se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza y tiene una medida de alejamiento de la presunta víctima.

Por todo ello, además de la pena de prisión, la Fiscalía ha solicitado una prohibición de acercamiento o comunicación a menos de 200 metros de la joven por tiempo de 17 años y medio y una indemnización de 6.000 euros por el trastorno de estrés agudo producido, más la cantidad de 6.000 euros por el daño moral.

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